ACNUR desconoce el “Acuerdo de Tercer País Seguro”

ACNUR desconoce el “Acuerdo de Tercer País Seguro”

 

 

ACNUR desconoce el “Acuerdo de Tercer País Seguro”

 

Según datos de la oficina de la ONU para refugiados, a finales de 2019 se espera recibir 400 solicitudes de asilo en el país.

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que ignora cuál es el plan de implementación sobre el “Acuerdo de Tercer País Seguro” entre Estados Unidos (EE. UU.) y Guatemala para dar protección a migrantes.

 

El representante regional para Centroamérica y Cuba, Giovanni Bassu, mencionó que a pesar de que mantienen constante comunicación con ambos países, la entidad no ha sido involucrada en las negociaciones y no ha sido parte del proyecto. “Nosotros no lo hemos visto, ni conocemos los detalles” manifestó.

 

Lo anterior se ha dado pese a que, en la última visita del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se informó que se contaba con el apoyo de ACNUR y la Organización internacional para las Migraciones (OIM) para coordinar los traslados de los migrantes.

 

Bassu explicó que el sistema de asilo en Guatemala tiene la capacidad de recibir 200 solicitudes de refugio al año, pero si el acuerdo contempla una mayor cantidad será muy difícil de cumplir, porque significa que las personas tienen los mismos derechos que los guatemaltecos. Agregó que es necesario definir el número de retornados, acordar una inversión a las instituciones y asegurar el cumplimiento del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

 

Las solicitudes de asilo en Guatemala han aumentado en los últimos seis años. En 2012 se registraron 18 peticiones, mientras que en 2018 fueron 262.

 

El director ejecutivo de Asociación Lambda, Carlos Valdez, manifestó que el proceso de solicitud de asilo en el país dura de cinco a 12 meses y que es deficiente porque el Estado no posee la capacidad ni el presupuesto para gestionarlo. “Las personas necesitan medios de sobrevivencia y el país no está en la capacidad de darlos”, añadió.

 

De acuerdo con ACNUR, cualquier arreglo de responsabilidad compartida debe tomar en cuenta garantías mínimas que incluyen el deber de no retornar a personas con necesidades de protección. Además, de la importancia de evaluar los casos de forma individual antes de transferir a una persona de un lugar a otro.

 

El pasado viernes, los fiscales generales de 22 estados de Estados Unidos firmaron una carta en la que calificaron como “inconstitucional” el pacto migratorio entre Guatemala y la administración del presidente Donald Trump. En la misiva señalan que esa negociación pone en riesgo la seguridad de miles de personas que ya son vulnerables.

 

El pacto “es inconstitucional porque discrimina basándose en la raza, etnia y origen nacional, lo que viola la quinta enmienda”, cita la carta de los fiscales de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Washington DC.

 

Los fiscales enfatizaron en su escrito que el pacto tendrá el efecto contrario al indicado por el Departamento de Seguridad Nacional, ya que obliga a las personas a buscar asilo en el mismo país de donde intentan huir.

 

La misiva fue enviada al Fiscal General y al Departamento de Seguridad Nacional. Agencias internacionales indicaron que los estados firmantes acogen al 68 por ciento de las demandas de asilo que acepta Estados Unidos.

 

El jueves pasado, la Casa Blanca difundió un mensaje del asesor del presidente Trump en asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver-Carone, en el cual urgió al presidente electo, Alejandro Giammattei, a implementar el acuerdo migratorio.

 

Ayer, medios de comunicación mexicanos informaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá en los próximos días con el presidente electo en el país, Alejandro Giammattei.

 

El mandatario mexicano indicó que se abordará el tema del Plan de Desarrollo, que ya se realiza con El Salvador y Honduras, para atender el tema de migración entre Centroamérica y EE. UU. El plan contempla generar plazas de empleo agrícola en el sur de México.