Guatemala tiene poca capacidad de combatir corrupción, según estudio Latinoamericano

Guatemala tiene poca capacidad de combatir corrupción, según estudio Latinoamericano

 

 

Guatemala tiene poca capacidad de combatir corrupción, según estudio Latinoamericano

 

El estudio señala la “capacidad legal” como una de las subcategorías con la calificación más baja con 3.29 sobre 10 puntos.

 

El primer estudio latinoamericano sobre la capacidad de los países para combatir la corrupción arroja a Guatemala en el penúltimo lugar de entre ocho países evaluados. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por la organización empresarial Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la firma consultora Control Risks da al país una calificación de 4.55 sobre 10 puntos posibles.

 

Las tres subcategorías analizadas para dar este punteo incluyen: Capacidad legal; Democracia e instituciones políticas; y Sociedad civil, medios y sector privado. El índice CCC fue creado para abarcar desde la independencia judicial hasta el entorno de los medios de comunicación social.

 

Cada subcategoría incluye además 14 variables como la independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción, el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental o los procesos legislativos y de gobierno.

 

“Una oleada anticorrupción ha arrasado America Latina en los últimos cinco años, llevando a figuras poderosas a la cárcel e impactando los resultados electorales. El Índice CCC nos da una herramienta comparativa para entender mejor este fenómeno y para destacar por qué algunos países han tenido mayor éxito al enfrentar el problema de la corrupción sistémica”, señaló Roberto Simon, Director Senior de Políticas Públicas de AS/COA.

 

En el índice CCC, Chile ocupa la primera posición con 6.66, lo que significa que es considerado como el país con mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción, entre los ocho evaluados. Le siguen Brasil con (6.14), segundo; Colombia (5.36) y Argentina (5.32) en un empate virtual por el tercer lugar; Perú (5.17) en el cuarto lugar; México (4.65) en la quinta posición; Guatemala en el sexto lugar (4.55) y Venezuela en la última posición con (1.71).

 

Los ocho países dentro del estudio representan el 90 por ciento del PIB en Latinoamérica, entre ellos Guatemala, la economía más grande de Centroamérica. Geert Aalbers, Socio Senior en Control Risks, firma consultora coautora del estudio: “Las compañías están interesadas en qué tan bien equipados están los países para combatir la corrupción, y cómo lo están haciendo efectivamente”.

 

Los indicadores del CCC fueron armados con dos tipos de fuentes: datos disponibles al público generados o recopilados por instituciones reconocidas y una encuesta propia generada por expertos en riesgos y anticorrupción seleccionados por AS/COA.

 

En el caso de Guatemala el estudio apunta, en su análisis por país, que presenta una “una imagen mixta de la lucha contra la corrupción (…) lo que refleja el impacto positivo de los Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como así como la reacción política a los recientes avances anticorrupción y la desafíos profundos de la gobernabilidad”.

 

Los puntajes de Guatemala, reseña el estudio “son particularmente bajos en variables relacionadas con el funcionamiento de su democracia”. Según esta evaluación solo Venezuela tiene peores indicadores en calidad general de la democracia.

 

Dos de los punteos más bajos, entre las variables analizadas, para el caso de Guatemala, son: Independencia y recursos para la Fiscalía e investigadores (3.25) y Procesos legislativos y de gobierno (1.75). Según Gavin Strong, analista de Guatemala de Control Risks, interpretaron estos resultados “como una falta sistemática como una gran falta de voluntad política por parte de la clase política guatemalteca”.

 

Para Strong “existe una notable oposición a la lucha contra la corrupción dentro del propio Congreso – ejemplificado durante los últimos años por el llamado “Pacto de Corruptos” – y el Ejecutivo. Esta situación se refleja no sólo en la falta de recursos dirigidos hacía la Fiscalía sino también en los esfuerzos del Ejecutivo por socavar su trabajo”.

 

Por otra parte, las variables mejor calificadas se encuentran agrupadas en: Independencia de las agencias anticorrupción y eficiencia (6.00) y Cooperación internacional (7.5), en la subcategoría capacidad legal; por una parte y Calidad de la prensa y periodismo de investigación (6.35), en la subcategoría de sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.

 

Strong comentó al respecto: “hay elementos dentro de las agencias anticorrupción, como el Ministerio Público; la comunidad internacional, representada por la CICIG, y los medios de comunicación, y la sociedad civil, que sí tiene la voluntad para asegurase que la lucha contra la corrupción siga en pie en Guatemala”.

 

Respecto a la baja calificación en la variable “Independencia y recursos para la Fiscalía e investigadores”, con una calificación de 3.25 puntos. La vocera del Ministerio Público, Julia Barrera indicó: “Por el momento el Ministerio Público no ha tenido acceso al documento que hace la evaluación, nos gustaría poder revisarlo para establecer los parámetros del estudio. El Ministerio Público ha emprendido una lucha contra la corrupción y la impunidad.

 

Desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el acompañamiento de la CICIG y desde la Fiscalía contra la Corrupción, se han realizado investigaciones cuyos resultados han permitido develar estructuras incrustadas en el Estado a todo nivel”.

 

Para Cristhians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, los bajos números de Guatemala en “independencia judicial y eficiencia” (4.22 sobre 10) “muestra claramente que el diseño institucional no permite a los operadores de justicia ser un contrapeso al poder político”.

 

A partir de los casos de corrupción revelados del 2015 a la fecha, señala Castillo, “nos dimos cuenta del nivel de cooptación de la justicia, cómo está no responde a la ley si no a los que buscan la impunidad, la clase política”.

 

Respecto a los bajos punteos en “Acceso a la información pública y transparencia gubernamental” (4.3 sobre 10), el presidente de Acción Ciudadana, Edie Cux, dijo. “ese punteo es el reflejo de que somos una sociedad de opacidad, a pesar de que hay una Ley de Acceso a la Información Pública fuerte, que incluso ha ayudado a presentar casos de corrupción, la mayoría de las autoridades no le presta atención y cuando personas individuales se acercan a las autoridades a solicitar información de forma sistemática se les ha negado”.

 

La peor calificación de Guatemala, en la variable Procesos legislativos y de gobierno (1.75), refleja la debilidad institucional “los últimos años había una percepción de que se había avanzado bastante en el tema, pero vemos un retroceso en la lucha contra la corrupción, los delitos administrativos, y con la finalización de Cicig esta área está debilitada”.

 

Para Cux, estos indicadores son coherentes con “el retroceso en la agenda anticorrupción, que ha llevado incluso a modificar el Código Penal para beneficiar a acusados, emitir acuerdos para la expulsión de la Cicig e incluso bordear con un llamado a romper el orden constitucional, por parte de funcionarios, al no acatar decisiones de las cortes”.