Candidatos amenazados piden protección de PNC

Candidatos amenazados piden protección de PNC

 

Candidatos amenazados piden protección de PNC

 

 

Aunque según el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos la violencia política ha bajado, persisten denuncias de amenazas contra aspirantes.

La vulnerabilidad de candidatos a cargos de elección popular persiste tanto como en campañas anteriores, pues según el Ministerio de Gobernación (Mingob) aspirantes a alcaldes o diputados han solicitado protección de la Policía Nacional Civil (PNC), porque creen que “su vida está en riesgo” luego de haber recibido amenazas.

El vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Pablo Castillo, explicó que la protección a candidatos se analizó para determinar la vulnerabilidad.

“Se hizo un análisis de riesgo y luego se determinó si el caso ameritaba o no la protección de la Policía Nacional Civil. Se brinda seguridad personal cuando hay riesgo”, expuso Castillo.

Por seguridad, el Mingob y la PNC no han dado detalles de las identidades de las personas que solicitaron protección de las fuerzas de seguridad, tampoco se precisó de qué región del país son.

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó que los candidatos amenazados deben cumplir un procedimiento para requerir la protección de la PNC.

El informe de Mirador Electoral de 2015 determina que existen dos categorías de violencia electoral y una de ellas “comprende acciones que no recurren a la violencia como medio para expresar el descontento con algún aspecto del proceso, por ejemplo: protestas pacíficas, movilizaciones, plantones y paros”. La segunda categorización es “la violencia como medio directo para conseguir sus objetivos”.

La violencia en el proceso electoral según el estudio de Mirador Electoral es “una serie de acciones que van desde la agresión verbal, toma de centros de votación, destrucción de papeletas, hasta la muerte violenta de candidatos o alguna otra persona en el marco del proceso electoral”. Además, aclara que “las manifestaciones de violencia directa, como lo evidencian los informes de procesos anteriores son diversas y no se limitan a las antes enumeradas”.

Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo que los procedimientos de operación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) requieren que sus agentes avisen a las personas que enfrentan una potencial amenaza a su vida, cuando así lo determina la investigación, sin importar el impacto político o sobre la investigación.

El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Rubén Hidalgo, señaló que la violencia que se “desencadena en asesinatos de candidatos” se genera de acuerdo con las circunstancias en Guatemala.

“Hay varios factores desencadenantes de la violencia electoral. Puede ser por la lucha por protagonismos electorales que enfrenta a dos o más caudillos por figurar, podría ser por los compromisos que algunos candidatos asumen con sectores oscuros y obliga a ganar al precio que sea, en algunos casos la intromisión del narcotráfico y crimen organizado en la política partidaria”, expuso Hidalgo.

Los incidentes de conflictividad y violencia en el proceso electoral de 2015, según el informe fueron 133 y se registró la muerte violenta de 20 personas con alguna relación con el ámbito electoral.

Las 20 muertes violentas registradas en 2015 representan descenso de muertes en 46% en comparación al proceso electoral del 2011, en el cual se registraron 37 casos.

En el actual proceso electoral los partidos Movimiento Liberación de los Pueblos y Fuerza han denunciado muertes y ataques a correligionarios, así como precandidatos.

En la historia reciente de las elecciones hay un caso que reflejó el usó de la violencia para conseguir objetivos políticos electorales. El 11 de junio de 2011 empezaron a registrarse ataques armados contra candidatos a la alcaldía de San José Pinula.

Según la investigación del Ministerio Púbico (MP), Luis Marroquín Rivera, exaspirante a la alcaldía de ese municipio por el partido cancelado Libertad Democrática Renovada fue el autor de los asesinatos.

Los ocupantes de la camionetilla en la cual se conducía Marroquín Rivera dispararon contra el candidato del Partido Unionista, Augusto Ovalle Barrera, que junto a dos de sus colaboradoras se conducía en un vehículol.

El ataque se produjo el 11 de junio de 2011 a eso de las 19.30 horas, en una carretera de terracería hacia la aldea Concepción, y las tres personas murieron en el lugar del hecho.

Cinco días después, 16 de julio, ocurrió otro ataque en una peluquería de la avenida de las Américas, zona 14, donde murió baleado al aspirante de Compromiso Renovación y Orden, Carlos Dardón Girón.

Marroquín Rivera fingió un ataque en su contra el 18 de junio del 2011. En esa ocasión se le consideró víctima, y se dijo que había salido a EE. UU., pero movimientos migratorios determinaron que se encontraba en Honduras.