Congreso de EE. UU. señala a Jimmy Morales de frenar la lucha contra la corrupción

Congreso de EE. UU. señala a Jimmy Morales de frenar la lucha contra la corrupción

 

 

Congreso de EE. UU. señala a Jimmy Morales de frenar la lucha contra la corrupción

 

Un informe preparado por el Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. (CRS por sus siglas en inglés) resalta los “ataques” en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); los cuales, afirma, están liderados por el presidente Jimmy Morales debido a las acusaciones que esa misión hizo en contra de él y de su familia.

 

El 21 de mayo se hizo público un informe presentado por el CRS en el que analiza las estrategias de EE. UU. para apoyar a los países aliados en la lucha contra la corrupción. El documento tiene un capítulo especial que analiza el caso de Guatemala y la Cicig.

 

Según el CRS, “como los esfuerzos anticorrupción han tenido éxito y las investigaciones se han ampliado, los ataques contra la Cicig y el sistema judicial se han vuelto más intensos” y señala que el principal impulsor de dichos ataques es el actual mandatario guatemalteco.

 

“Desafortunadamente, la expulsión de Cicig de Guatemala por parte del gobierno pone en tela de juicio su compromiso de luchar contra la corrupción arraigada”, indica el texto.

 

En el documento se hace alusión a que Morales había dicho que en el 2019 pediría una nueva prórroga para el mandato de la Cicig; sin embargo, desde que él, su hermano, su hijo, y los miembros de su círculo íntimo se convirtieron en blancos de investigaciones, “Morales ha tratado de debilitar y ahora expulsa a la Cicig” y una de las medidas que lo comprueban es que “el presidente reemplazó a algunos de sus ministros y funcionarios reformistas que trabajaron en estrecha colaboración con la Cicig y la oficina del fiscal general, con aliados políticos más cercanos”.

 

Resalta, además, que en agosto del 2018 se hizo una solicitud para retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por un caso de corrupción y que “aunque la Corte Suprema -de Justicia- de Guatemala aprobó la solicitud, fue bloqueada en el Congreso, donde casi la mitad de los diputados están bajo investigación o tienen procesos legales pendientes en su contra por corrupción u otros delitos”.

 

En el informe también se recuerda que además de no renovar el mandato de la Cicig, el mandatario también prohibió el ingreso al país del jefe de esa comisión, Iván Velásquez, “desafiando dos fallos de la Corte Constitucional de que el presidente carecía de la autoridad para impedir el regreso de Velásquez”.

 

El análisis sobre la situación de Guatemala apunta a que “muchos observadores están preocupados de que las acciones de Morales contra la Cicig” que serían un esfuerzo amplio para protegerse a sí mismo y a otros de la persecución, y porque sus acciones amenazan la “frágil” democracia de Guatemala.

 

De parte del CRS también hizo un análisis sobre la situación en la que se desarrollarán las elecciones este año.

 

“Algunos observadores también han expresado su preocupación de que reducir la actividad de la Cicig antes de las elecciones nacionales de junio podría facilitar el financiamiento continuo de políticos por parte de los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales en Guatemala”, apunta.

 

Además de las acciones emprendidas por Morales, el informe del CRS indica que el Ministerio Público influyó en el estancamiento de la lucha contra la corrupción.

 

“La batalla para erradicar las redes criminales que han cooptado al estado guatemalteco se ha estancado casi desde el 24 de enero de 2019, cuando la actual Fiscal General canceló la protección policial para los comisionados o el personal de la Cicig en el país”, dice.

 

En el informe se indica también que, aunque algunas instituciones guatemaltecas han desarrollado una mayor capacidad gracias a su trabajo conjunto con la Cicig, muchas de ellas “siguen siendo vulnerables y algunas temen un retorno a la impunidad por el crimen organizado y la corrupción gubernamental”.

 

El apoyo financiero que EE. UU. proporciona para el trabajo de la Cicig estuvo en riesgo debido a que integrantes del Congreso de aquel país se preocuparon por “un empresario ruso y su familia que habían sido declarados culpables de comprar pasaportes falsos, pero quienes afirmaron que fueron atacados injustamente por la Cicig”.

 

Para analizar el caso, se hizo la retención de US$6 millones de ayuda de parte de EE. UU. pero en julio del año pasado, el Departamento de Estado anunció que no encontró pruebas que respaldaran la alegación de los rusos, por lo que la asistencia económica fue liberada.

 

Al cierre de la nota, el Ejecutivo no se había pronunciado al respecto del informe y sus señalamientos pese a que se le solicitó.

 

Por su parte, el MP, a través del departamento de Información y Prensa, indicó que “el Ministerio Público no ha tenido acceso a ese documento y tampoco le ha sido presentado de manera oficial como para analizar el mismo. En relación a la consulta, no le compete la función de seguridad ni al fiscal general ni al Ministerio Público como institución”.

 

“La señora fiscal general, como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, apoya el trabajo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha realizado con el acompañamiento de Cicig y continuará con las acciones de fortalecimiento de la fiscalía para que siga con su labor de luchar contra la impunidad y la corrupción”.

 

El informe se elaboró con la justificación de que la corrupción que ejercen los funcionarios públicos de América Latina es una preocupación política prominente.

 

“En los últimos años, 11 presidentes y expresidentes de América Latina han sido expulsados de sus cargos, encarcelados o están bajo investigación por corrupción”, señala el informe, en donde se destaca que el Índice de Percepción de la Corrupción del 2018, elaborado por Transparencia Internacional, señala que la mayoría de los encuestados, en varios países, creen que la corrupción está aumentando.

 

En el caso de Guatemala, el informe destaca el trabajo de la Cicig en la investigación que puso tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.