Contraloría evadió fiscalizar compra de buque

Contraloría evadió fiscalizar compra de buque

 

 

Contraloría evadió fiscalizar compra de buque

 

El Ejército desembolsó hace dos semanas, la primera cuota de Q18.2 millones por el barco adquirido al Gobierno de Colombia.

 

Contrario a como lo hizo con el intento del Ejecutivo para comprar dos aviones Pampa III al Gobierno de Argentina, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha evitado fiscalizar desde el inicio el proceso para la obtención del Buque de Apoyo Logístico y Ayuda Humanitaria que, según un convenio específico firmado entre Guatemala y Colombia, deberá ser entregado antes del 31 de octubre próximo por parte de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

 

La adquisición del buque fue adjudicada por Q93 millones, que serán pagados en cinco cuotas, de las cuales la primera de Q18.2 millones fue desembolsada por parte del Ejército guatemalteco el pasado 14 de agosto, según oficio de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, publicado en Guatecompras.

 

Sobre este proceso, el ex subcontralor de Calidad del Gasto Público, César Elías, indicó que antes de que dejara el cargo, solicitó una evaluación sobre la compra del buque al Departamento Jurídico; pero que después de su salida de la CGC no supo del avance de este. elPeriódico buscó una respuesta del contralor Edwin Salazar, pero no atendió las llamadas hechas a su celular.

 

Mónica Monge, secretaria privada de la Contraloría, indicó que la institución no tiene ningún proceso de fiscalización en curso sobre este evento porque “no se ha hecho pago alguno para la adquisición del buque”, pese a que ya se realizó un primer desembolso. “No procede una auditoría, ya que la Contraloría fiscaliza únicamente cuando las instituciones realizan algún pago”, agregó Monge.

 

Después de ser cuestionada por el desembolso y por cómo la Contraloría había actuado en el caso de los aviones Pampa, Monge indicó que sí fue pagada una primera cuota y que la CGC auditará el proceso.

 

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que a primera vista no existe ilegalidad porque para la obtención del buque militar, el gobierno sí cuenta con una disponibilidad presupuestaria de Q100 millones.

 

No obstante, consideró que la adquisición representa un proceso ilegítimo, porque va contra las prioridades que esta administración debería tener, como el combate a la desnutrición infantil.

 

En la Contraloría fue nombrado José Alberto Ramírez Crespín –un exasesor del presidente Jimmy Morales­– como subcontralor de Calidad de Gasto. Ramírez Crespín integró el equipo de transición de Morales en 2015, y dos años después obtuvo contratos para la prestación de servicios profesionales en el IGSS, la Usac y el Ejército, por Q244 mil.

 

información: elPeriodico