Fiscales contratan a abogada luego de restricción que blinda a Sandra Torres

Fiscales contratan a abogada luego de restricción que blinda a Sandra Torres

 

 

Fiscales contratan a abogada luego de restricción que blinda a Sandra Torres

 

La acción promovida por la candidata presidencial de la UNE desnaturaliza el sistema de protección para víctimas de violencia contra la mujer, señalan expertos.

 

La jueza Sabrina Salazar colocó como “presuntos agresores” a los fiscales que promueven el antejuicio contra Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito. Ante la ausencia de una defensa institucional, los fiscales contrataron a una abogada particular para que presente una oposición a las medidas que la jueza dictó a favor de la presidenciable de la UNE.

 

El Ministerio Público (MP) no emitió ningún pronunciamiento, pues la fiscal general, Consuelo Porras, volvía de un foro en Bruselas, Bélgica, en el que se abordaron las experiencias de combate a la corrupción y el crimen organizado en Guatemala y El Salvador.

 

La jueza Salazar accedió a la solicitud de Torres y decretó una orden de restricción que durante tres meses prohíbe al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y al fiscal Andrei González Arteaga, realizar cualquier acción que “perturbe o intimide” a Torres y su círculo familiar.

 

El pasado 28 de marzo, la candidata a la Presidencia presentó ante el Juzgado de Turno de Femicidio un escrito en el que denuncia a Sandoval y a González, por interponer un antejuicio en su contra, el cual califica como “un artificio orquestado por el fiscal Sandoval y Thelma Aldana, quien fungió en el cargo de Fiscal General, por tener aspiraciones políticas, por lo que han tramado una serie de diligencias espurias en su contra”.

 

Además, Torres se queja por las declaraciones de Sandoval y González en diferentes medios de comunicación y señala que “maliciosamente, han filtrado a medios de comunicación y redes sociales, información de casos en investigación”.

 

Al ser consultada por elPeriódico, la abogada Vera Guzmán, defensora de los fiscales, informó que la decisión de la jueza Salazar desnaturaliza el propósito de los instrumentos legales para proteger a la mujeres víctimas de violencia y coarta la libertad de expresión de los investigadores, por lo que solicitaron al juzgado una audiencia para plantear su oposición a las medidas de restricción.

 

En diferentes expedientes se ha observado que las agendas judiciales se manejan de forma discrecional, en unos casos se otorgan audiencias a la brevedad, mientras que otras se asignan para fechas muy lejanas. “Esa es una de las preocupaciones”, indicó Guzmán al plantearle dicho escenario.

 

La acción de Torres, acogida por la jueza Salazar, es una manipulación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra las Mujeres, señaló la Asociación Feminista La Cuerda. “La agilidad con que han actuado las instancias de justicia en esta demanda es diametralmente distinta en comparación con casos de verdadera violencia machista”, cita el pronunciamiento.

 

La asociación, que agrupa a académicas y expertas en género, advierte que los casos de violencia contra las mujeres son aquellos que ocurren en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ya sea en el ámbito público y privado, premisa que en ningún momento existe en el caso denunciado por la UNE.

 

“Lamentablemente están desnaturalizando las leyes diseñadas para proteger y castigar la violencia machista”, opinó el analista independiente Marco Canteo.

 

En ese contexto, se debilita al sistema de justicia porque pareciera ser que se decida con mucha agilidad para proteger candidatos con investigaciones muy delicadas en curso y porque se utiliza para limitar la función de un fiscal que es símbolo de la lucha contra la corrupción, añadió.

 

La acción en el Juzgado de Femicidio se suma a la denuncia penal que interpusieron diputados de la UNE contra Sandoval, a quien señalan por la filtración de una grabación en la que Sandra Torres conversa sobre el financiamiento para la campaña de 2015.

 

El secretario del partido UNE, Óscar Argueta, indicó que “es un tema judicial que se debe ventilar ante un juez, no es parte de una campaña”. Sin embargo, sí lo abordan en sus redes sociales del partido.

 

El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual decretó medidas cautelares en favor de Sandra Torres y en contra de Jose Ruben Zamora. Después denunció a todos los hombres que integran el directorio de elPeriódico.