AUSENCIA DE GOBERNABILIDAD SE ACENTÚA EN ALTA VERAPAZ ANTE LA LLEGADA DEL COVID-19 EN GUATEMALA
La crisis provocada por la llegada del Covid-19 a Guatemala ha sido aprovechada por grupos que actúan al margen de la ley. La situación actual ha dejado al descubierto el efecto de los grupos criminales y su influencia, especialmente, en las áreas rurales más vulnerables del país. La falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad y la gobernabilidad se hace específicamente evidente en Alta Verapaz, en donde en el último mes se ha recrudecido la violencia e inseguridad.
Invasiones a fincas, bloqueos de vías públicas, extorsiones y ataques armados son algunas de las situaciones que causan zozobra en la población, afectando a comunidades, empresas, y cientos de familias en la región.
El lunes 13 de abril pobladores de la Finca Cubilgüitz, a 40 kilómetros de Cobán, Alta Verapaz, sufrieron la quema de sus viviendas y robo de artículos por parte de un grupo criminal, quienes quemaron la casa patronal y agredieron físicamente a los pobladores.
Tras este hecho, la asociación de Finqueros de Alta Verapaz, emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattei, para solicitar un Estado de Sitio, que permita recobrar el control de la zona.
Por otra parte, el 16 de abril de 2020 en la aldea Nisnic en San Cristóbal, Alta Verapaz, se registró un ataque armado donde fallecieron dos agentes de la Policía Nacional Civil y un agente de la Policía Municipal de tránsito. Los agentes fueron asesinados al llegar a dicha aldea tras atender una llamada por escándalo en la vía pública en violación al actual estado de calamidad.
Sumado a ello, la falta de presencia de las autoridades y la capacidad para hacer valer la ley, queda al descubierto en el bloqueo de carreteras. Actualmente se mantiene uno de esos bloqueos sobre la Ruta Nacional 7E, a la altura de la comunidad Río Cahabón en Panzós, Alta Verapaz, en el área conocida como Valle del Polochic.
El bloqueo persiste desde el pasado viernes 17 de abril y es realizado por un pequeño grupo de invasores y asentamientos de la comunidad Río Cahabón que buscan extorsionar a las empresas que operan en la región y a las personas que transitan por dicha ruta con tal de recibir dinero a cambio de liberar el paso.
Han llegado incluso a realizar amenazas de muerte a las personas que necesitan movilizarse por el área y que se han atrevido a denunciarlos.
Cabe mencionar que dicha carretera, una ruta nacional, es una de las únicas vías que comunica a Alta Verapaz e Izabal. Deben ser las autoridades correspondientes, como Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, quienes hagan valer el Estado de Derecho en el área.
Estos incidentes afectan a las comunidades legítimas de la región, pues las operaciones de comercio y trabajo en el área se ven obligadas a paralizar sus operaciones, limitando las oportunidades de trabajo y desarrollo.
Las acciones ilegales y la falta de respeto al Estado de Derecho representan una oportunidad para que grupos del crimen organizado y narcotráfico continúen extendiendo sus redes de influencia y capacidades en el área.
Estos y otros delitos cometidos, como amenazas de muerte, invasiones a propiedad privada, robos y extorsiones se dan sin que haya consecuencias o capturas para los responsables.
La respuesta del gobierno ante la emergencia sanitaria actúal ha sido efectiva. Sin embargo, las autoridades competentes deben de actuar en beneficio de toda la población que actúa respetuosa de la ley, de tal forma que se garantice el orden público y se asegure el respeto al Estado de Derecho durante y después de la emergencia que actualmente aqueja al país.
