ASCABI a la opinión pública, manifiesta
1. Su acompañamiento y apoyo a Guatemala durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, cuyos enormes retos exigen la unión del país y sobre sus autoridades acciones serias, responsables y respetuosas de la ley.
2. Su preocupación por los efectos negativos que ocasionará la entrada en vigencia del Decreto 15-2020 del Congreso de la República a la economía del país, especialmente en lo que respecta a la continuidad de servicios básicos como el de la energía eléctrica.
3. Que el subsector eléctrico se sostiene en el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional, y por lo tanto en la debida aplicación de las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes, que han garantizado durante más de veinte años el suministro de energía eléctrica y el crecimiento de la cobertura, lo que ha situado a Guatemala a la cabeza del desarrollo energético en Centroamérica.
4. Que del correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional no solo participan distribuidores finales, sino también generadores, transportistas y comercializadores como agentes del subsector, formando una cadena de suministro cuya operación depende, por completo, del pago de los usuarios finales de sus respectivos consumos. Asimismo, que los agentes del subsector eléctrico enfrentan obligaciones de pago ante la banca local e internacional cuyo cumplimiento depende del pago de los usuarios finales del servicio.
5. Que el Decreto 15-2020 del Congreso de la República, además de ocasionar desequilibrio a la cadena de suministro de energía eléctrica, vulnera derechos fundamentales de los agentes del subsector eléctrico, especialmente de los distribuidores finales, dentro de ellos los de igualdad ante la ley, seguridad y certeza jurídica, libertad de contratación, libertad de industria, comercio y trabajo, propiedad privada, irretroactividad de la ley, entre muchos otros.
6. De entrar en vigencia, el Decreto 15-2020 del Congreso de la República se pondría en riesgo la continuidad del servicio de energía eléctrica en el país, y por lo tanto dejaría en una delicada situación a las empresas prestadoras del suministro, así como al resto de agentes del subsector eléctrico, lo cual sin duda también ocasionaría un grave daño a la economía nacional.
7. Finalmente, el Decreto en cuestión atenta el principio de certeza jurídica como elemento indispensable para la atracción de inversión extranjera directa al país y de mantenimiento de las inversiones actuales; esto no solo perjudicaría a la población en el medio y largo plazo, sino también en lo que respecta al cumplimiento de la Constitución, de las leyes técnicas aplicables y los tratados internacionales que Guatemala se ha obligado a cumplir.
Por todo lo anterior, La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala -ASCABI- hace un llamado al Congreso de la República de Guatemala a observar el marco normativo vigente y a la Corte de Constitucionalidad a ser garante del orden constitucional.
