Colegios privados enfrentan crisis y se reinventan

El retraso en la cancelación de cuotas escolares por parte de los padres de familia, el mantenimiento de las instalaciones, el pago de las planillas y los servicios han puesto en aprietos a cerca de 5 mil colegios privados en el país, durante el confinamiento a causa del COVID-19. Paralelo a esto, los centros educativos enfrentan el reto de desarrollar nuevas formas de enseñanza.

“En la mayoría de preescolares, se tiene 50 por ciento menos de alumnos. En mi caso, de tener 95 pequeños en enero, ahora tenemos 50, pero este mes se van otros diez”, explica la propietaria de un colegio, quien indica que los meses de marzo y abril lograron sobrevivir, pero en junio están en números rojos, de acuerdo con un chat que agrupa a unos 60 centros educativos de este nivel en el área metropolitana.

Después de más de tres meses de tener las aulas vacías, debido a la pandemia, la mayoría de colegios privados enfrentan crisis económica. Una encuesta interna realizada a 150 centros educativos miembros de la Asociación de Colegios Privados (ACP) reveló que el 95 por ciento de ellos necesita apoyo financiero.

En este lapso, los colegios debieron enfrentarse a dos desafíos. La educación a distancia y la mora en el pago por parte de los padres.

En el primer caso, maestros y alumnos debieron migrar de clases presenciales a las aulas virtuales. Sin una hoja de ruta, los docentes empezaron a preparar contenidos digitales y a enseñar por medio de plataformas en línea.

La adaptación se ha ido afinando, aunque para muchos de ellos, las jornadas se extendieron por varias horas más.

En el segundo, el cierre de la actividad económica del país lastimó el presupuesto de muchos hogares. En respuesta a esta situación, el Gobierno crea el Decreto 12-2020 que toma en cuenta medidas de impacto social para prohibir el cobro de multas o moras, generados por atrasos en las cuotas escolares o de universidades.

Indica que los estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Este beneficio aplicaba para quienes estuvieran al día en las cuotas hasta el 2 de abril, con vigencia para los meses de abril y mayo.

Es por eso que muchos padres dejaron de pagar las cuotas, lo que ha impactado la economía de los propios centros educativos. Una situación que les quita el sueño a los propietarios, quienes observan un panorama incierto, puesto que lo más probable es que este cierre educativo se prolongue el resto del año.

Algunos han comenzado a reducir personal, salarios e incluso se contempla prescindir de los inmuebles que alquilan. “La merma en sus ingresos ha provocado que uno de cada cinco colegios, se haya acogido a un programa de financiamiento, privado o estatal”, afirma Edson López, socio de la firma Integrum y CEO del Grupo Latinoamericano de Asesores por la Educación.

En esta crisis, los más afectados han sido los colegios de preprimaria, que atraviesan por altas tasas de deserción. “Los padres no lo consideran necesario y dejaron de pagar”, indica Diane Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala (ACP), organización que aglutina a 140 miembros en Guatemala, y algunos departamentos del país.

En el afán de conservar alumnos, una de las directoras, que prefirió no ser citada, indicó que los pequeños refuerzan sus conocimientos por medio de la plataforma Zoom y que se hizo una rebaja de hasta el 40 por ciento en las colegiaturas.

Sin embargo, desde el principio se suspendieron contratos con las niñeras, se redujo el salario de las maestras hasta en un 40 por ciento.

Y el próximo mes contemplan no solo dejar de pagar los alquileres de inmuebles, sino también el despido de todo el personal que requiere el funcionamiento de estos centros educativos.

Según la directora, los padres priorizaron la educación de los hijos mayores. Además, tampoco hay mayor conciencia de la importancia que tiene esta etapa en la formación de los niños de tres a seis años, desde lo cognitivo, lo social y lo emocional, una etapa donde se adquieren y desarrollan diversidad de habilidades y destrezas. Incluso, resulta más difícil cuando el Ministerio de Educación no considera la preprimaria como un requisito para ingresar a nivel primario. “Nos bota la fuerza”, indica.

Cuentas por cobrar

Un colegio de la zona 1 tiene inscritos a 870 estudiantes, las cuotas mensuales oscilan entre Q300 y Q800. Previo a la pandemia tenía una mora del 14 por ciento, con la pandemia se disparó hasta el 52 por ciento, detalla Edson López, quien es asesor legal de varios colegios privados y el autor de la encuesta entre los propietarios de colegios privados, en el contexto de la crisis.

Entre los hallazgos, una de las principales dificultades es la resistencia de los padres al pago de colegiatura, debido a la no asistencia de los hijos al centro educativo, o la demanda de un descuento por la misma razón. Por su parte, los colegios han tratado de encontrar soluciones a la crisis financiera, entre estas, la suspensión del cobro de actividades extracurriculares.

Hasta un 23 por ciento de establecimientos hizo un descuento en el pago de colegiaturas u ofreció beneficios por la cancelación a tiempo de las cuotas. Otros, han optado por ofrecer servicios extra, como clases virtuales gratuitas o charlas para los padres, en el afán de que se pongan al día en sus pagos.

“Se considera que los colegios tienen menos gastos, pero no es así. Han invertido en plataformas virtuales, routers, tablets, gastos que no tenían contemplados”, dice López.

No se puede negar la educación a los estudiantes, pero, ¿cómo se van a pagar los salarios, que representan hasta el 80 por ciento del presupuesto?, sostiene Brown.

Lorraine Reichenbach, del Suizo Americano, expone que se carece de una ley que proteja a los colegios privados para los cobros. Y el hecho de retirar a un estudiante por falta de pago se convierte en un problema legal para el colegio. “En nuestro caso, la cartera morosa aumentó entre 20 a 25 por ciento” afirma, pero nuestra forma de resolver es tratar de llegar a un acuerdo con los padres, para realizar pagos diferidos en cuotas hasta el resto del año.

La mayor pérdida fue el retiro del 12 por ciento de la población de preprimaria, así como el cierre del Day Care para bebés de la zona 10.

Argumenta que se continúa brindando el servicio educativo a los 1,800 estudiantes ubicados en dos sedes. “Los gastos de funcionamiento siguen, como las facturas de luz, teléfono e Internet, mantenimiento de piscina. Además, el pago de la planilla de maestros, que es el más alto, se conserva completo”, dice.

Guillermo González, miembro de la junta directiva de ACP, comenta que en su colegio, antes de la pandemia no pasaba del 10 por ciento la mora. Después, se incrementó de 35 al 50 por ciento. “Lo más preocupante son los padres que deben desde el 31 de marzo, este grupo representa un tercio de la parte de la deuda”, afirma.

Con base en su experiencia, identifica tres tipos de padres: los que no pueden pagar porque se quedaron sin empleo, los que sí pagan, pero se acogieron al programa de pagos diferidos y en un menor porcentaje, los que tienen trabajo, pero ante la falta de presión, prefieren no pagar.

Para González una solución sería que el Gobierno, por medio del Mineduc, les diera un diferimiento del Bono 14. Esto les daría un respiro de un mes más de operación. “Muchos no hemos bajado sueldos ni despedido personal, la planilla es alta y las cuentas por cobrar también lo son”, expresa. En este escenario, estima que pueden sobrevivir así dos meses más, quizá tres, si cuentan con el respiro de esta solicitud.

El Ministerio de Educación informa que no responde ante este tipo de problemática, puesto que su mandato con los colegios privados es velar por la calidad educativa.

Más de 900 quejas

Según la Diaco, los colegios privados acumulan alrededor de 900 expedientes abiertos, en su mayoría por cobros indebidos, en lo que va de este año. De esta cifra, al menos en 400 casos se ha solicitado la devolución de estos pagos. “Lo más recurrente ha sido el cobro por el servicio de bus, el cual no se está usando en este momento”, explica Carlos Vásquez, portavoz de la entidad.

Las quejas se dispararon a partir de marzo. La ley dice que no se puede cobrar un servicio que no se prestó. Los pagos que son obligatorios son la inscripción y las mensualidades, pero no lo son otros servicios extraescolares como computación o excursiones. Por estos debe emitirse factura.

Además, la Diaco registra al menos cuatro expedientes en los que se considera una denuncia penal, “pero se necesitan pruebas contundentes”, reveló Vásquez.

 

Información ElPeriodico